SACRAMENTO, California – Las familias de personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo dicen que el gobernador Gavin Newsom no está cumpliendo con un aumento programado para los trabajadores que cuidan de sus seres queridos.
Sus defensores advierten sobre posibles demandas contra el estado si los servicios para estas personas se vuelven más difíciles de conseguir.
El gobernador demócrata apela al déficit presupuestario del estado para postergar por un año los aumentos salariales de unos 150,000 trabajadores que cuidan a personas con alguna discapacidad. De este modo, ahorrará aproximadamente $613 millones en fondos estatales.
Pero esta medida significa, a la vez, que el estado dejará de percibir aproximadamente $408 millones adicionales que provienen de reembolsos de Medicaid. Esto supondrá una reducción del financiamiento de más de $1,000 millones.
Algunos legisladores afirman que no cumplir con el aumento prometido disparará la rotación de los trabajadores y así quedarán más puestos vacantes, lo que dejará a miles de niños y adultos con discapacidades sin servicios críticos tanto en su hogar como en centros residenciales.
Los defensores de las personas con discapacidad advierten que esta medida podría violar el Acta Lanterman, una ley emblemática de California que establece que el estado debe proporcionar servicios y recursos a las personas con discapacidad y a sus familias.
Felisa Strickland, una mujer de 60 años que vive en Santa Bárbara, lleva más de un año buscando un programa diurno para su hija Lily, de 23 años, quien tiene autismo y parálisis cerebral. “Newsom está rompiendo una promesa y esta situación está generando muchos problemas de salud física y mental para las personas. También representa una carga de estrés innecesaria para quienes, como yo, somo padres mayores que cuidamos de nuestros hijos”.
Los trabajadores que cuidan a personas que viven con discapacidad, también llamados profesionales de apoyo directo, atienden diariamente a niños y adultos con discapacidades intelectuales y del desarrollo, como autismo, parálisis cerebral y epilepsia. Sus cuidados los ayudan a mantenerse independientes y facilitan que se integren mejor a sus comunidades.
En California, más de 400,000 personas que viven con discapacidad necesitan asistencia. Esa franja de la población va en aumento, del mismo modo que ocurre con los adultos mayores. No está claro cuál es la dimensión de la escasez de cuidadores porque el estado no ha publicado datos sobre la fuerza laboral. Como en general la demanda de estos trabajadores crece, algunos expertos predicen que hacia 2030 faltarán entre 600,000 y 3,2 millones de profesionales de apoyo directo.
Los defensores explican que California paga a la mayoría de los proveedores entre $16 y $ 20 por hora, lo que se ajusta al salario mínimo del estado pero no llega a lo que algunos economistas consideran una remuneración digna.
En 2021, el estado se había comprometido a aumentar los salarios. Lo hizo después de detectar una brecha de $1,800 millones entre las tarifas que cobraban las organizaciones sin fines de lucro contratadas para ofrecer cuidados y los aranceles que se consideraban adecuados.
Hasta ahora, California ha aportado alrededor de la mitad del total de esa suma, la mayor parte de la cual se destinó a aumentar los salarios y las prestaciones. Los trabajadores esperaban otro aumento salarial en julio, de entre $2 y $4 la hora, pero Newsom propuso que fuera postergado.
Además, las organizaciones sin fines de lucro señalan que California ha vuelto más difícil retener a los trabajadores en tareas de cuidado después que aumentara los salarios en otros sectores vinculados a los servicios y la salud.
Newsom aprobó un salario mínimo de $20 para los empleados de restaurantes de comida rápida, que entró en vigencia en abril. Además, el año anterior había llegado a un acuerdo con los sindicatos y los hospitales para que los salarios de los trabajadores de salud subieran a un mínimo de $25 por hora.
Ricardo Zegri asegura que la cadena de restaurantes de comida rápida Taco Bell le pagaría más que los $19 por hora que gana como supervisor de trabajadores de cuidado para personas con alguna discapacidad.
“Cada vez que cobro el sueldo, tenemos una discusión en casa sobre el pago de cuáles facturas necesitamos priorizar y si es hora de que empiece a buscar un empleo donde me paguen más”, dijo Zegri, que tiene un segundo trabajo como músico en el área de la Bahía de San Francisco.
Newsom quiere preservar iniciativas de salud clave, incluida la expansión estatal de Medi-Cal a inmigrantes de bajos ingresos independientemente de su estatus legal, y CalAIM, un ambicioso experimento de $12,000 millones para transformar Medi-Cal en una aseguradora de salud y un proveedor de servicios sociales.
Sin embargo, el retraso en las tarifas para brindar atención a personas con discapacidades es el mayor ahorro en el presupuesto de Salud y Servicios Humanos, ya que Newsom y los líderes legislativos buscan recortes, demoras y cambios en la financiación para cerrar un déficit estimado de entre $38,000 millones y $73,000 millones.
Decenas de legisladores de ambos partidos están pidiendo a Newsom y a los líderes legislativos que mantengan el aumento prometido. Stephanie Nguyen, integrante de la Asamblea y demócrata de Elk Grove, firmó una carta de respaldo a ese reclamo.
Aunque los legisladores están negociando con la administración, dijeron que es muy poco probable que se revierta la decisión de dejar para más adelante el aumento de sueldo. “Todo el mundo tiene que perder algo”, dijo Nguyen.
Krystyne McComb, vocera del Departamento de Servicios de Desarrollo, admitió que este año, con la postergación del aumento, California perdería fondos federales. Pero aseguró que los volverá a recuperar cuando restablezca el plan, en 2025.
El departamento no respondió a las preguntas sobre cómo piensa retener a los trabajadores ni cómo se cubrirían los puestos vacantes.
El sistema de servicios de discapacidad puede colapsar a partir de la postergación del aumento salarial que propone el gobernador Newsom, afirma Jordan Lindsey, director ejecutivo de Arc of California, una organización de defensa de los derechos de las personas con discapacidad que opera en todo el estado.
Las familias dicen que California ya no cumple con los servicios que necesitan. Strickland dejó su trabajo para cuidar de su hija Lily pero asegura que “no es razonable esperar que alguien cuide de otra persona 24 horas al día, siete días a la semana”.
Lily se graduó de la escuela secundaria y en 2022 terminó un programa que prepara a jóvenes con discapacidades para la transición a la vida adulta. Estaba deseando apuntarse a un programa diurno para hacer nuevos amigos, pero aún no ha encontrado vacante.
Debido a la escasez de trabajadores, Lilly sólo recibe los cuidados de un profesional de apoyo directo en su casa durante cuatro horas a la semana. Le paga unos $16 la hora.
El tiempo en que Lily está con el cuidador, su comportamiento cambia y vuelve a ser la persona feliz que era antes, explica Strickland.
“El sistema ya está en crisis”, afirma. “Hay montones y montones de personas que pasan el día sentadas en su casa porque no tienen a dónde ir”.